Vuelvo a subir después de una pausa (larga) para comentar sobre una noticia pasó casi desapercibida.
Según ' arte. 68, párrafo 6 del Decreto Ley no. 112/2008 (convertido en Ley no. 133/2008) 's Commmissario de alta para combatir la falsificación se ha suprimido y ha dejado de operar desde agosto 23, 2008. La Autoridad, establecida en el 2005, tuvo importantes tareas en el campo de la informática y las nuevas tecnologías: la recogida de datos de seguimiento y de la falsificación, la vigilancia en la prevención y represión de la misma, la dirección y coordinación de las políticas y estrategias para la protección de los propiedad industrial e intelectual, estudio y desarrollo de las medidas reglamentarias y administrativas para la protección de la asistencia intelectual e industrial a las empresas afectadas por la falsificación.

A la luz de la retirada, el Ministerio de Desarrollo Económico ha, sin embargo, se apresuró a comunicar que ha activado un centro de llamadas y un servicio de correo a los consumidores y las empresas pueden ponerse en contacto con una aclaración, la asistencia y las recomendaciones.

Esta noticia es tan claro que el trabajo legislativo en el ámbito de los derechos de autor no sigue un plan específico, sino que se orienta a una improvisación peligrosa y preocupante.
Me limito a unas breves observaciones. Ciertamente, los temas de la delicada relación entre los derechos de autor, propiedad intelectual y las nuevas tecnologías son strettisima tópico y merecen respuestas apropiadas institucionales. Sin embargo, parece que el Gobierno no tiene ni un plan ni una propuesta sobre este tema. No existe una política sobre derechos de autor: en nuestro país tratan con sus asociaciones (las compañías discográficas, las casas de software), pero no el Estado.

La mía no es una defensa del Alto Comisionado para combatir la falsificación, pero la conclusión de que se produjo la supresión de la (en general, motivado por la necesidad de reducir el gasto) sin ningún tipo de evaluación de la funcionalidad y la actividad de la Autoridad. Esta decisión pone en duda aún mayor si sólo se puede leer el comunicado de prensa del Ministerio de Desarrollo Económico: si alguien tiene la ilusión (o quiere engañarnos a nosotros mismos) que los problemas de la piratería y la falsificación se pueden resolver con un centro de llamadas, obviamente, no entendía el ' importancia de un punto de vista institucional de especialista de referencia y competente que pueda hacer frente a la propiedad intelectual e industrial de los intereses especiales completos y lejos de.